Boletín de la Organización Mundial de la Salud

Responsabilidades sanitarias nacionales y mundiales

Lawrence O Gostin a, Mark Heywood b, Gorik Ooms c, Anand Grover d, John-Arne Røttingen e & Wang Chenguang f

a. O'Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University, 600 New Jersey Avenue NW, Washington, DC, 20001 (Estados Unidos de América).
b. SECTION27, Johannesburg (Sudáfrica).
c. Instituto de Medicina Tropical, Amberes (Bélgica).
d. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Bombay (India).
e. Centro Noruego de Conocimientos para los Servicios de Salud, Oslo (Noruega).
f. Universidad Tsinghua, Beijing (China).

Correspondencia: Lawrence O. Gostin (Эл. почта: gostin@law.georgetown.edu).

Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2010;88:719-719A. doi: 10.2471/BLT.10.082636

El África subsahariana, el subcontinente indiano y otras zonas pobres del mundo se están viendo abrumadas por las lesiones y las enfermedades prevenibles y tratables. Cada año mueren 8 millones de niños antes de cumplir los 5 años, más de 300 000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, y más de 4 millones de personas por el sida, el paludismo o la tuberculosis. En 2005, el 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles se produjeron en los países en desarrollo. La esperanza de vida saludable en África es de 45 años, un cuarto de siglo menos que en los países de ingresos elevados.1

¿Por qué son tan desfavorables los resultados sanitarios de los pobres, a pesar de que la asistencia internacional en materia de salud se ha cuadruplicado en los dos últimos decenios? La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende que la salud es «una responsabilidad compartida»2 pero quienes actúan en el ámbito de la salud mundial a menudo lo hacen en función de sus propios intereses, en vez de adoptar planteamientos armonizados.

Hemos creado la Iniciativa conjunta de aprendizaje sobre responsabilidades nacionales y mundiales en materia de salud para articular un marco general coherente de división de las responsabilidades sanitarias que vaya más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La Iniciativa fragua un consenso internacional alrededor de las soluciones a cuatro problemas críticos: 1) definir los servicios y bienes sanitarios esenciales; 2) aclarar las obligaciones de los gobiernos con los habitantes de sus propios países; 3) explorar las responsabilidades de todos los gobiernos con respecto a los pobres de todo el mundo, y 4) proponer una estructura mundial para mejorar la salud como cuestión de justicia social.

El primer reto de la Iniciativa consiste en determinar cuáles son los servicios y bienes sanitarios esenciales que toda persona tiene derecho a esperar. Sin ello resulta imposible definir las obligaciones de cada estado para con sus propios habitantes ni los deberes de los países de ingresos elevados para con los de ingresos bajos y medianos.

El derecho humano internacional a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr constituye un punto de partida para determinar ese nivel esencial, que incluye: los componentes básicos de los servicios de salud según la OMS (por ejemplo, el personal sanitario, la información y la financiación); las vacunas, medicamentos y tecnologías esenciales, y las necesidades básicas de supervivencia (por ejemplo, el saneamiento, la nutrición, el agua potable, el control de los vectores y el control del tabaco). El derecho a la salud exige la universalidad de la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y buena calidad de estos servicios.3

Los estados son los principales encargados de financiar y garantizar todos los servicios y bienes esenciales para el derecho a la salud. La OMS calcula que el costo mínimo anual es de US$ 40 por persona4 sin incluir las necesidades básicas de supervivencia. En 2001, en Abuja (Nigeria), los jefes de estado africanos se comprometieron a dedicar como mínimo un 15% de los presupuestos nacionales al sector de la salud.5 Sin embargo, en 2007, la inversión media per cápita de los gobiernos de África en la salud era de US$ 34, que representa un 9,6% del presupuesto (en comparación con US$ 1374 y un 17,1% en las Américas).1 Dicha media incluye a los 15 países africanos que tan solo invierten US$ 2–10 per cápita, insuficientes para atender las necesidades sanitarias de la población.6 Además, muchos países de ingresos bajos y medianos reducen el gasto sanitario nacional por cada US$ que reciben de asistencia sanitaria extranjera.7

Los estados también tienen la responsabilidad de gobernar bien (con honestidad, transparencia y rendición de cuentas), con la plena participación de la sociedad civil. Sin embargo, los sistemas de salud de los países de ingresos bajos se encuentran entre los peor gobernados.8

¿Qué deben todos los países a la población mundial menos saludable? Concebir la financiación sanitaria mundial como «ayuda» es erróneo, porque presupone una relación intrínsecamente desigual entre benefactor y dependiente. En vez de ello, la colaboración mundial requiere una respuesta colectiva a riesgos y derechos fundamentales comunes, en la que todos los estados tengan responsabilidades mutuas. «Donación benéfica» suele significar que el donante decide cuánto da, para qué y a quién. En consecuencia, la «ayuda» no es predecible, ampliable ni sostenible, y socava el «sentimiento de propiedad» y la responsabilidad del país receptor con respecto a los programas de salud.

Los países de ingresos elevados no se han acercado aún al cumplimiento del compromiso hecho en 1970 de gastar el 0,7% de su producto nacional bruto anual en Asistencia Oficial para el Desarrollo.9 Cuatro décadas después, su contribución media es del 0,31%.10 La identificación de formas innovadoras de garantizar una financiación suficiente y duradera, con prioridades acordadas, será fundamental para garantizar que los países pobres adquieran la capacidad de satisfacer el derecho a la salud.

La gobernanza de la salud mundial es esencial porque los estados no aceptarán normas internacionales sin alianzas genuinas, una división equitativa de la carga y programas eficientes que mejoren los resultados sanitarios. Pero hay problemas políticos, jurídicos y económicos que dificultan la gobernanza eficaz. Los países se enfrentan a graves problemas de fragmentación, duplicación, e incluso confusión, entre un aluvión de agentes e iniciativas sanitarias mundiales. Los ministerios de salud carecen a menudo de conocimientos básicos sobre los programas apoyados por el extranjero y de control sobre ellos. Necesitamos un sistema de gobernanza que fomente alianzas eficaces y coordine iniciativas para crear sinergias y evitar la competencia destructiva.11

Asimismo, es importante que la gobernanza mundial refuerce el liderazgo y la función normativa de la OMS, que, como organismo de las Naciones Unidas, debe tener la legitimidad, la autoridad y los recursos para prestar apoyo a todos países en relación con la garantía del derecho a la salud.

La Iniciativa pretende lanzar un proceso participativo amplio en el que se vean involucradas todas las partes interesadas principales, y en particular las organizaciones internacionales, los gobiernos, la industria, los filántropos y la sociedad civil. Los cambios que más han transformado la salud mundial han venido de movimientos sociales «ascendentes», como las campañas por la prohibición de las minas terrestres o para luchar contra el VIH/sida. La sociedad civil está avanzando rápidamente hacia una agenda basada en derechos sanitarios amplios y en la justicia social, y adoptando el derecho humano a la salud como punto central de una gobernanza innovadora de la salud mundial.


Referencias

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