Boletín de la Organización Mundial de la Salud

La protección de un espacio político para la nutrición en la salud pública en la era de los acuerdos internacionales de inversiones

Anne Marie Thow & Benn McGrady

Recientemente, Philip Morris ha presentado demandas contra Australia (2011) y Uruguay (2010) en virtud de los acuerdos internacionales de inversiones (AII), en las que alega tener derecho a una indemnización a raíz de la introducción de las regulaciones innovadoras del empaquetado del tabaco para reducir el tabaquismo y prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT). Dado que las medidas para el control del tabaco suelen considerarse un modelo para las medidas de nutrición de salud pública, estas demandas plantean la cuestión sobre cómo la ley de inversiones controla estas últimas. El presente artículo trata de responder a esta pregunta y explicar cómo los gobiernos pueden proteger de forma proactiva el espacio político en materia de nutrición de salud pública en la era de la expansión de las inversiones internacionales. En primer lugar, los autores consideran las intervenciones principales propuestas para reducir las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta y su confluencia con la inversión en la cadena de suministro de alimentos. A continuación, revisan la naturaleza de los regímenes de inversiones y de la jurisprudencia pertinente, y examinan formas de maximizar el espacio político para la intervención de la nutrición en la salud pública dentro de este marco legal. Dado que las inversiones extranjeras aumentan en toda la cadena alimentaria, junto con las recomendaciones internacionales que desaconsejan el consumo de productos nocivos para la salud, también cobrará más importancia la ley de inversiones como parte de la arquitectura legal que rige el suministro de alimentos. Las consecuencias que la ley de inversiones tendrá en las medidas de nutrición en la salud pública dependerán de varios factores: las medidas en sí, los términos de los convenios aplicables, las condiciones que rodean la inversión extranjera y las políticas que rigen las ayudas a la agricultura. Este análisis sugiere que los gobiernos deben adoptar medidas proactivas, como dilucidar los términos y basarse en excepciones, para gestionar las inversiones y proteger su autonomía reglamentaria con respecto a la nutrición y la salud pública.

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