Informe sobre la salud en el mundo

Capítulo 3


La fuerza de un enfoque basado en los derechos humanos

Los argumentos promocionales han ido asentándose cada vez más en un marco de derechos humanos, basado tanto en principios morales fundamentales como en la obligación legal de los Estados de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos, en particular el derecho a la salud. Se trata de obligaciones dimanantes del derecho internacional, los acuerdos regionales de derechos humanos y las legislaciones nacionales (6). La adopción, con respecto al VIH/SIDA, de un enfoque basado en los derechos está impulsando en un número creciente de países una movilización social encabezada por organizaciones de la sociedad civil.

En el Brasil, la Asociación Brasileña Interdisciplinar contra el SIDA, fundada en 1986, se esfuerza por defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/SIDA llevando a cabo actividades de investigación y educación y efectuando análisis de políticas. En Bolivia, Venezuela y otros países latinoamericanos, diversas organizaciones de la sociedad civil han utilizado con éxito recursos legales basados en los convenios de derechos humanos para asegurar el acceso al tratamiento a través de los sistemas nacionales de salud (7).

La Campaña de Acción en pro del Acceso al Tratamiento, en Sudáfrica, se sirve de actividades de educación y movilización comunitarias, acciones masivas de protesta civil, campañas mediáticas, mecanismos jurídicos y alianzas con otras organizaciones no gubernamentales y agrupaciones sindicales para defender los derechos de las personas infectadas y afectadas por el VIH. La lucha nacional librada dentro de esta campaña para mejorar el acceso a la terapia antirretroviral condujo al Movimiento Panafricano de Acción en pro del Acceso al Tratamiento, iniciativa lanzada en agosto de 2002.

Los criterios y principios de derechos humanos también deben orientar la planificación y ejecución de políticas y programas de tratamiento. El enfoque basado en los derechos humanos reconoce que los derechos son universales y reafirma el valor de la plena participación de todos los miembros de la sociedad, al tiempo que exige también un mayor rendimiento de cuentas por parte de las instancias decisorias y más equidad en las políticas asistenciales.

El reconocimiento de estos imperativos por parte de los países es cada vez mayor. En la Cumbre Mundial sobre el SIDA celebrada en 1994 en París, 42 gobiernos declararon que fomentar la participación de las personas que viven con el VIH/SIDA o están afectadas por éste es esencial para que los países puedan responder de un modo ético y eficaz a la epidemia. Este principio de mayor participación es fundamental para asegurar la equidad de toda política o programa relacionado con el VIH/SIDA (8). En 1998, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el ONUSIDA elaboraron conjuntamente una serie de directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos; se trata de un instrumento que aplica las leyes y normas de derechos humanos específicamente al contexto del VIH/SIDA y establece qué pueden y deben hacer los Estados a la luz de sus obligaciones en materia de derechos humanos (9). La adhesión a estos principios se vio reforzada en 2001 con la adopción de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (10).

Las organizaciones no gubernamentales y las agrupaciones de la sociedad civil han dirigido la aplicación de los principios de derechos humanos hacia el problema del acceso a los medicamentos para los pobres (véase el recuadro 3.3). Algunos esfuerzos, como la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales y la Iniciativa de Tratamientos para Enfermedades Desatendidas, de Médicos Sin Fronteras, además de atraer la atención mundial sobre la crisis del acceso a medicamentos en el mundo en desarrollo, han contribuido a centrar el debate público en los efectos que las normas comerciales y de propiedad intelectual tienen en el acceso de los pobres a los tratamientos para una amplia gama de problemas de salud (11–13).

Documentos conexos

Una coalición internacional de activistas y organizaciones de la sociedad civil colaboraron con representantes de países en desarrollo antes y durante la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en noviembre de 2001 en Doha (Qatar). La participación de la sociedad civil dio ímpetu a la Declaración de Doha, en la que se aclaró formalmente que el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio «puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos» (14) (véase el recuadro 2.5). En abril de 2002, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su satisfacción por la Declaración de Doha e instó a la comunidad internacional a que definiese prontamente los medios necesarios para permitir que todos los países se beneficien de sus disposiciones (15).

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