Aborto

Datos y cifras

• Seis de cada diez embarazos imprevistos se interrumpen voluntariamente.
• El aborto es una intervención de salud que se practica con frecuencia. Es muy seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS y adecuado para la duración del embarazo, y lo practica una persona que posee las capacidades necesarias.
• No obstante, alrededor del 45 % de los abortos se realizan en condiciones de riesgo.
• El aborto peligroso es una causa importante y prevenible de morbimortalidad materna, que puede dar lugar a complicaciones físicas y psíquicas para las mujeres, así como a perjuicios sociales y económicos tanto para ellas como para las comunidades y los sistemas de salud.
• La falta de acceso a una asistencia segura, oportuna, asequible y respetuosa para el aborto es un grave problema desde el punto de vista de la salud pública y de los derechos humanos. 

Panorama general

Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. Seis de cada diez (61 %) de los embarazos imprevistos y tres de cada diez de todos los embarazos (29 %) se interrumpen de forma voluntaria (1).

La atención integral para el aborto está incluida en la lista de intervenciones esenciales de la atención de salud que la OMS publicó en 2020. El aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla que pueden practicar de manera segura y eficaz una amplia variedad de trabajadores de la salud. Durante las 12 primeras semanas de gestación, la embarazada puede practicar por sí misma el aborto farmacológico sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud (por ejemplo, en su domicilio), sea el proceso completo o parte de él. No obstante, para ello debe tener acceso a información precisa y medicamentos de calidad, y contar con el apoyo de un trabajador de la salud cualificado en caso de que lo necesite o lo solicite.

Una atención integral del aborto debe incluir la provisión de información, la práctica del aborto y la atención posterior. La práctica del aborto incluye el aborto provocado (es decir, la interrupción voluntaria de un embarazo por medios farmacológicos o quirúrgicos), la asistencia en caso de pérdida del embarazo (por ejemplo, el aborto espontáneo, el aborto retenido y la muerte fetal intrauterina) y el tratamiento de las complicaciones tras un aborto.

Esta nota descriptiva se centra en la asistencia relacionada con el aborto provocado.

Alcance del problema

El aborto es seguro si se utiliza un método recomendado por la OMS y adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo, y lo practica una persona que posee las capacidades necesarias (2).

No obstante, cuando una mujer que afronta un embarazo imprevisto encuentra obstáculos para acceder a servicios seguros, oportunos, asequibles, geográficamente próximos, respetuosos y no discriminatorios de asistencia para el aborto, es posible que recurra al aborto en condiciones de riesgo.¹

Se estima que el 45 % de las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaron a cabo en el mundo entre 2010 y 2014 se realizaron en condiciones de riesgo, y una tercera parte en condiciones de gran peligrosidad, es decir, que fueron practicados por personas sin formación y utilizando métodos peligrosos e invasivos. Más de la mitad de los abortos peligrosos tuvieron lugar en Asia, mayoritariamente en Asia meridional y central. También fueron peligrosos la mayoría de los abortos que se practicaron en América Latina y África (aproximadamente tres de cada cuatro). En este último continente, cerca de la mitad de los abortos se practicaron en condiciones de gran peligrosidad (3).

Consecuencias de no recibir una atención para el aborto de calidad

La falta de acceso a una asistencia segura, asequible, oportuna y respetuosa para el aborto y el estigma que lleva asociado pueden afectar al bienestar físico y psíquico de las mujeres durante toda la vida.

La imposibilidad de acceder a una asistencia de calidad para el aborto infringe varios derechos humanos de las mujeres y las niñas: el derecho a la vida; el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones; el derecho a decidir de libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre embarazos y el momento de tenerlos; y el derecho a no ser sometida a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las muertes maternas debidas a abortos practicados en condiciones de riesgo suelen clasificarse de forma errónea y no se notifican debidamente a causa del estigma que conllevan. Un examen de 2009-20 reveló que el 8 % de las muertes maternas estaban relacionadas con el aborto (4). Mientras que la cifra de muertes causadas por abortos practicados en condiciones de seguridad es mínima (<1/100 000), en las regiones donde son frecuentes los abortos practicados en condiciones de riesgo las tasas de mortalidad son elevadas (> 200/100 000) (4). De acuerdo con unas estimaciones realizadas en 2012, cada año ingresan 7 millones de mujeres en los hospitales de los países en desarrollo para tratar complicaciones causadas por un aborto peligroso (5).

El aborto peligroso entraña los siguientes riesgos para para la salud física:

• aborto incompleto (no se retiran o se expulsan del útero todos los tejidos embrionarios);
• hemorragias (sangrado abundante);
• infecciones;
• perforación uterina (causada por la punción del útero con un objeto afilado); y
• daños en el aparato genital y en órganos internos debidos a la introducción de objetos peligrosos en la vagina o el ano.

Las leyes que restringen el acceso al aborto pueden causar malestar y estigmatización y pueden suponer además una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (por ejemplo, su derecho a la intimidad, a la no discriminación y a la equidad) y conllevar una carga económica para ellas. Las reglamentaciones que fuerzan a las mujeres a viajar para obtener asistencia de forma legal, o que las obligan a recibir asesoramiento y observar plazos de espera antes de abortar pueden suponer una pérdida de ingresos y otros costos financieros para ellas, y hacer imposible en la práctica que las mujeres de escasos recursos puedan acceder al aborto (6, 7).

De acuerdo con unas estimaciones efectuadas en 2006, el tratamiento de las complicaciones de los abortos peligrosos cuesta anualmente USD 553 millones a los sistemas de salud de los países en desarrollo (8). Además, la discapacidad a largo plazo derivada de los abortos peligrosos se tradujo en una pérdida de ingresos de USD 922 millones para los hogares (8). Los países y los sistemas de salud podrían ahorrarse mucho dinero si ofrecieran métodos modernos de anticoncepción y servicios de calidad para la interrupción voluntaria del embarazo (7, 9).

Por otro lado, un examen exploratorio realizado en 2021 mostró que la legalización del aborto repercute en la educación de las mujeres y en su participación en el mercado laboral, y contribuye positivamente al crecimiento del PIB (9). Asimismo, la consideración jurídica del aborto puede tener consecuencias para la educación de los niños y las niñas y para su capacidad de entrar en el mercado de trabajo en etapas posteriores de su vida. Al reducir el número de embarazos no deseados y aumentar la probabilidad de que los partos sean deseados, la legalización del aborto puede vincularse a una mayor inversión de los padres en los hijos, en particular en la escolarización de las niñas (9).

Cómo ampliar la atención para el aborto de calidad

La evidencia muestra que restringir el acceso al aborto no sirve para reducir su número (1); en cambio, sí afecta a la seguridad y la dignidad de los abortos a los que acceden las mujeres y las niñas. La proporción de abortos peligrosos es considerablemente más elevada en los países que imponen leyes muy restrictivas que en aquellos donde lo son menos (3).

Algunos obstáculos que dificultan la práctica del aborto de forma segura y respetuosa son el costo elevado, la estigmatización de las personas que lo solicitan y del personal de salud que lo practica, y la negativa de algunos trabajadores de la salud a realizar estas intervenciones por motivos de conciencia o creencias religiosas. Otros impedimentos pueden ser la imposición de exigencias y restricciones legales sin justificación médica, por ejemplo, la tipificación del aborto como delito, la obligatoriedad de esperar un tiempo para abortar, la provisión de información o asesoramiento sesgados, la exigencia de obtener la autorización de terceras personas y restricciones relativas al tipo de profesionales o establecimientos de salud donde se pueden ofrecer estos servicios.

Para que todas las mujeres que necesitan asistencia de calidad para el aborto tengan acceso a ella, deben adoptarse varias medidas a nivel jurídico, sanitario y comunitario. Los tres pilares de un entorno propicio para una atención integral y de calidad en relación con aborto son:

• el respeto por los derechos humanos, lo que incluye un contexto normativo y jurídico que lo respalde;
• la disponibilidad y la accesibilidad de la información; y
• un sistema de salud que funcione correctamente y preste apoyo a todas las personas a unos precios asequibles.

Para considerar que un sistema de salud funciona correctamente deben darse varias circunstancias, entre ellas:

• políticas basadas en la evidencia;
• cobertura universal de salud;
• suministro fiable de productos y equipos médicos asequibles y de calidad;
• disponibilidad de suficientes trabajadores de la salud, de diferentes categorías, que ofrezcan asistencia para el aborto a una distancia razonable de las pacientes;
• ofrecimiento de distintos métodos para abortar, ya sean hospitalarios, virtuales o autogestionados, teniendo en cuenta que la propia gestante debe decidir el procedimiento que más le convenga en función de sus valores y sus preferencias, los recursos disponibles y los contextos nacional y local;
• formación de los profesionales de la salud para que presten servicios de asistencia para el aborto seguros y de calidad, interpreten correctamente las leyes y políticas que regulan esta práctica y sepan asesorar a las pacientes para que estas tomen decisiones con conocimiento de causa;
• apoyo y protección frente a la estigmatización de los trabajadores de la salud; y
• provisión de métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos imprevistos.

Para considerar que la información necesaria está disponible y es accesible deben darse las siguientes circunstancias:

• impartición de una educación sexual integral y basada en la evidencia; y
• provisión de información precisa, sin sesgos y basada en la evidencia sobre el aborto y los métodos anticonceptivos.

Respuesta de la OMS

La OMS proporciona orientaciones técnicas y normativas en todo el mundo sobre el uso de métodos anticonceptivos para prevenir los embarazos imprevistos, la provisión de información sobre la asistencia para el aborto, la prestación de dicha asistencia (ya se trate de aborto espontáneo, aborto provocado, aborto incompleto o muerte fetal) y la prestación de atención posterior. En 2022, la Organización publicó unas directrices actualizadas y unificadas sobre la asistencia para el aborto en la que formula recomendaciones y se posiciona sobre las prácticas óptimas en tres aspectos fundamentales de los servicios de asistencia para el aborto: la legislación y las políticas, los servicios clínicos y la prestación de servicios. En el 2025 se publicó una segunda edición.

Asimismo, la OMS mantiene una base de datos de políticas mundiales sobre el aborto. Esta base de datos en línea interactiva contiene información exhaustiva sobre leyes, políticas, criterios y directrices en la materia procedentes de todos los países.

A petición de los interesados, la OMS presta también asistencia técnica a los países que deseen adaptar las directrices sobre salud sexual y reproductiva a sus circunstancias específicas y fortalecer las políticas y los programas nacionales relativos a la anticoncepción y la asistencia de calidad para el aborto. Asimismo, se está elaborando un marco para el seguimiento y la evaluación de la calidad los servicios de asistencia para el aborto.

La OMS copatrocina el HRP (Programa Especial PNUD/UNICEF/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana), que lleva a cabo investigaciones sobre la atención clínica, la reglamentación y la estigmatización del aborto, así como sobre la aplicación de enfoques comunitarios y de sistemas de salud para una atención de calidad del aborto. Asimismo, realiza un seguimiento de las tendencias relativas al aborto peligroso y sus consecuencias en todo el mundo. 

¹ El «aborto peligroso» se define como una intervención dirigida a interrumpir el embarazo realizada por personas que carecen de la información o las capacidades necesarias para ello o en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o ambas cosas. El personal, las capacidades y las normas médicas consideradas seguras para la práctica del aborto varían en función de si el aborto es farmacológico o quirúrgico y de la duración del embarazo. Al aplicar esta definición, las nociones de «seguro» y «peligroso» deben interpretarse en consonancia con las orientaciones técnicas y normativas más recientes de la OMS (2).

(1) Bearak J, Popinchalk A, Ganatra B, Moller A-B, Tunçalp Ö, Beavin C et al. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. Lancet Glob Health. 2020 Sep; 8(9):e1152-e1161. doi: 10.1016/S2214-109X(20)30315-6.

(2) Ganatra B, Tunçalp Ö, Johnston H, Johnson BR, Gülmezoglu A, Temmerman M. From concept to measurement: Operationalizing WHO's definition of unsafe abortion. Bull World Health Organ 2014;92:155; 10.2471/BLT.14.136333.

(3) Ganatra B, Gerdts C, Rossier C, Johnson Jr B R, Tuncalp Ö, Assifi A et al. Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet. 2017 Sep.

(4) Cresswell JA, Alexander M, Chong MYC et al. Global and regional causes of maternal deaths 2009-20: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 2025 Mar 7:S2214-109X(24)00560-6. doi: 10.1016/S2214-109X(24)00560-6.

(5) Singh S, Maddow-Zimet I. Facility-based treatment for medical complications resulting from unsafe pregnancy termination in the developing world, 2012: a review of evidence from 26 countries. BJOG 2015; published online Aug 19. DOI:10.1111/1471-0528.13552.

(6) Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.

(7) Lattof SR, Coast E, Rodgers YVM, Moore B, Poss C. The mesoeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic effects of abortion on health systems. PLoS One. 2020 Nov 4;15(11):e0237227. doi: 10.1371/journal.pone.0237227. PMID: 33147223; PMCID: PMC7641432.

(8) Vlassoff et al. Economic impact of unsafe abortion-related morbidity and mortality: evidence and estimation challenges. Brighton, Institute of Development Studies, 2008 (IDS Research Reports 59).

(9) Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771.